Mentira Judicial, Mentira política
X victoria Aldunate
“Estábamos obligados a dar una respuesta ya que el
encarcelamiento de Celestino Córdoba como autor no era suficiente…”
[1]. Es lo que
afirmó el prefecto inspector de la PDI de La Araucanía, José Luis López al día
siguiente de la detención de los nuevos presos políticos mapuche -10 hombres y
una mujer-. Una frase reveladora que deja muy clara la urgencia con que la PDI
se dedicó a las pruebas.
“Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran",
así tituló su reportaje sobre las detenciones el diario “El Mostrador”. Según el
medio, la Fiscalía de La Araucanía habría divulgado “a través de Twitter” la
declaración de un supuesto testigo “clave” -el único-, a quien se presentaba
como “una persona que habría presenciado los hechos con algún grado de
participación” y cuya motivación para prestar testimonio habrían sido “conflictos
morales”
[2].
La aplastante mayoría de la gente mapuche encarcelada durante
la madrugada del martes 29 de marzo son dirigentes sociales, entre ellos una
autoridad espiritual, la Machi Francisca Linconao, y fueron detenidos por el
incendio con resultado de muerte del matrimonio de latifundistas Luchsinger-Mackay,
en Vilcún, en Marzo 2013.
Los allanamientos a 20 familias en territorio mapuche por
parte de la PDI irrumpieron desde la madrugada. Hubo un ciento de policías para
detener a 11 personas. “El Mostrador” afirmaba: “se encontraron armamentos de
distintos calibres”. Y en uno de sus párrafos hablaba del “delito de incendio
con resultado de muerte de carácter
terrorista”, lo que es contrariado por la
realidad porque “la Corte Suprema hace 3 años dijo que no hay terrorismo. Hubo
una sentencia de nulidad que la Corte Suprema ratificó en el sentido de que
no hay terrorismo en La Araucanía”,
afirma Karina Riquelme Viveros abogada del “Centro de Investigación y Defensa
Sur”. Por eso mismo el único condenado en el caso, el Machi Celestino Córdova
[3], fue sentenciado
por ley común y no por terrorismo.
No obstante, la Fiscalía está invocando nuevamente la ley
18.314, conocida como “Antiterrorista”, elaborada por la Dictadura el año 84 y
cuestionada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “Es una Ley
ambigua, no describe claramente lo que es un delito terrorista y la o las
personas acusadas suelen quedar en prisión preventiva ya que se necesitaría
unanimidad a favor de no aplicarla. No es como en las leyes comunes que sólo
exigen la mayoría de los magistrados a favor”
[4], explica Karina
Riquelme.
Hay dos querellantes en la causa contra la presa y los
presos políticos mapuche del caso: el Gobierno de Chile y la familia
Luschinger-Mackay.
Testigo “clave”
El prefecto inspector de la PDI de La Araucanía, José Luis
López declaró que habrían tenido “elementos suficientes” para “la convicción y
la certeza criminalística de la participación de estas personas en este acto
delictivo”. El fiscal Andrés Chiffelle solicitó
la prisión preventiva de todos menos de Juan Manuel Peralino Huinca, para
quien solicitó arresto domiciliario. Esto porque Peralino era su testigo
“clave” y la Fiscalía de La Araucanía afirmaba que su declaración había sido “voluntaria”
[5].
Pero, Juan Peralino Huinca se retractó
[6],
en la misma audiencia de formalización denunció que declaró bajo amenazas: “Tenían
una computadora y empezaron a mostrarme fotos, el detective (Guillermo) Vilches
empezó a chantajearme y amenazarme y declaré por el miedo a quedar ‘remachado’
(sic), obligándome a firmar ese reconocimiento de fotos”, “… el Vilches dibujó
esa casa, y dijo ‘acá este grupo vino’ y me obligo a decirle que sí”, “Ellos
(la PDI) empezaron a chantajearme, a amenazar a mi familia. Me ofrecían plata y
que ellos me protegían...”
[7]. Según su
declaración, desde el año 2013 lo presionaban, y su abogado Pablo Ardouin así
lo confirmó, también denunció tortura y malos tratos e incluso que antes de
esta audiencia le habrían presionado nuevamente
[8].
¿Quién es “el Vilches”?
Es el oficial subcomisario de la PDI Guillermo Vilches
Saldivia y en la “confesión” de Peralino estaba en compañía de Claudio Melo
Muñoz y Claudio Leio Marambio. Ellos son “subcomisarios oficiales investigadores”.
En febrero de 2015, el abogado marcos Rabanal Toro, en
representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos había presentado una
querella en contra de oficiales de la Policía de Investigaciones de la
Prefectura Cautín (Temuco), por apremios ilegítimos en contra de Enrique
Mauricio Sandoval Ulloa, un comunero mapuche que fue citado a prestar
declaración al cuartel de la PDI de Temuco y apenas ingresó fue golpeado, lo
dejaron 4 horas detenido e intentaron relacionarlo con el llamado “caso Luchsinger
MacKay”
[9]. El abogado Oscar
Rabanal nos hizo algunas aclaraciones en una conversación telefónica: “La
querella se presenta contra personas y no contra institución alguna, y la
información de los nombres contra
quienes se presenta la querella es confidencial”.
No obstante no es difícil deducir que Guillermo Vilches
Saldivia, Claudio Melo Muñoz y Claudio Leio Marambio podrían haber estado en el
procedimiento por el cual presentó la querella del INDH, pues obviamente son,
como ya se ha informado, los “subcomisarios oficiales investigadores” a cargo del caso. Guillermo Vilches además
está mencionado como testigo en el caso que condenó al Machi Celestino
[10].
No habría por qué dudar de los apremios y presiones que
relata el joven mapuche Juan Manuel Peralino. La Comisión Ética Contra la
Tortura y la Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, han denunciado numerosos hechos
de tortura, secuestros y otros acosos contra comuneros y comuneras mapuche de
parte de las policías
[11], lo mismo ha
hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.
“No somos víctimas, somos luchadores”
Luis Tralcal Quidel en la Cárcel de Temuco subrayó la
injusticia de este caso, la parcialidad de los jueces y las presiones y
torturas que recibió Juan Manuel Peralino Huinca para prestarse como testigo.
“Nos han perseguido por años y no han podido probar nada. Nos tienen miedo, eso
creo. Un día trajeron a la Machi acá y a nosotros no nos dejaron bajar por
miedo supongo”, relató Luis Tralcal.
Para él este es un “juicio político, una mentira judicial”.
Explica que “se entiende el hecho político, aunque no hay justificación”, y dice
que quiere dejar en claro que no se sienten ni son “víctimas”, “somos
luchadores sociales que sabemos que resistir por territorio, autonomía y
recuperación de tierras es algo que se persigue por intereses políticos y
económicos”.
Mientras sostenemos esta conversación un gendarme entra
molesto a la sala de visita de los presos políticos mapuche que está separada
del Gimnasio en donde los demás presos reciben a sus visitas. Les llama
atención porque no estaría claro “quién va a ver a quién”, hay un mismo
visitante inscrito para diversos presos. Al parecer tiene problemas con el
orden burocrático de su listado. Luis se coloca de pie y le responde: “Es que somos
familia, las visitas son de todos”. El Gendarme no lo entiende y se va
[12].
Preguntamos al INDH sobre este caso y jefe de la sede
regional del INDH, Federico Aguirre señala que están observando el proceso: “Lo
de la retractación del testigo va a tener que ponderarse, la prisión preventiva
no es anormal, pero lo que sí advertimos es que la nueva invocación de la ley
antiterrorista es muy preocupante”.
Y claramente es preocupante que un gobierno democrático y a
cargo de una presidenta que determinados sectores del movimiento de mujeres e
incluso corrientes feministas nos han presentado como un “liderazgo
antidiscriminatorio”, el de la Presidenta Michele Bachelet, invoque por quinta vez
esta Ley de Pinochet, la Ley Antiterrorista, de las cuales cuatro veces han sido en la Región de La
Araucanía (Walmapu).
Otras fuentes:
Testigo clave de caso Luchsinger-Mackay asegura que declaró
bajo amenazas, Ángela Suárez, Izquierda Diario, Jueves 14 de abril de 2016
Testigo clave del caso Luchsinger-Mackay insiste en que
recibió amenazas de PDI para inculpar a 10 comuneros, El Desconcierto, 14.04.2016
“Por apremios
ilegítimos en contra de un comunero mapuche. Abogado del Instituto de DDHH
presentó querella contra policías PDI de Cautín”, Ñuke Mapu, Centro de
Documentación Mapuche 2015-02-18. http://www.mapuche.info/print.php?pagina=5176
Imputado caso Luchsinger - Mackay:
"Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", EL
MOSTRADOR 30 marzo 2016
Imputado caso Luchsinger - Mackay:
"Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", EL MOSTRADOR
30 marzo 2016
Condenado el 1 de
marzo de 2014 a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de
muerte, una condena común no de “terrorismo”.
Imputado caso Luchsinger - Mackay:
"Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", EL
MOSTRADOR 30 marzo 2016
Causa RUC
1300014341-8 220/2013 del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, Temuco, causa seguida contra Celestino Serafin
Cordova Tránsito, Sentencia del 18 febrero de 2014, rectificación de sentencia
del 3 de marzo de 2014.
Entrevista a Luis Tralcal Quidel en Cárcel de Temuco el 7 de mayo de 2016.
